1. Hace 10 días, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank, hecho que puso de manifiesto una profunda crisis en el sistema financiero y en los mecanismos de supervisión. La gravedad de lo ocurrido exige esclarecer los hechos y determinar, con pruebas y conforme a la ley, las responsabilidades que correspondan.
  2. La devolución inicial de recursos a los depositantes afectados, mediante el seguro de garantía de depósitos, ha ofrecido un alivio muy necesario. Sin embargo, aún no se conoce el impacto total ni se ha completado la recuperación de los recursos de personas, organizaciones, empresas e instituciones del Estado. Pedimos que el proceso de reembolso asegure la devolución de los recursos de los ahorristas e inversionistas afectados.
  3. Las señales examinadas plantean interrogantes sobre la supervisión de la entidad y el manejo de fondos públicos vinculados al caso. Pedimos al Ministerio Público que investigue todas las líneas pertinentes, esclarezca el destino de los fondos y determine, con independencia y rigor, si hubo sustracción o desvío de recursos y quiénes serían los responsables.
  4. Alentamos a la Fiscalía a intensificar las diligencias y a rastrear los recursos y bienes vinculados al caso, a fin de esclarecer los hechos y procurar la reparación del daño. La investigación debe avanzar con firmeza e imparcialidad. Si se prueban los hechos punibles, los responsables deberán responder ante la justicia.
  5. La crisis de Ueno Bank y las denuncias sobre posibles irregularidades han aumentado la preocupación ciudadana por la impunidad. La demora o falta de esclarecimiento debilita la confianza en las instituciones y en la vida pública.
  6. Como sociedad, debemos exigir responsabilidad y renovar nuestro compromiso con la integridad en la función pública y en la vida ciudadana, desde una perspectiva ética y cristiana.

La nueva etapa del Poder Ejecutivo

  1. La situación de Ueno Bank ha desencadenado una crisis política muy grave y ha abierto una nueva etapa institucional bajo la conducción del presidente Pedro Alliana. Las decisiones que se adopten en esta etapa condicionarán al país más allá de 2028.
  2. En ese contexto, el 9 de noviembre, el presidente pidió que los ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y máximas autoridades de entes y empresas públicas comprendidos en la normativa pusieran sus cargos a disposición, para facilitar la coordinación del Gobierno. La solicitud no interrumpía las funciones ni alcanzaba a autoridades sujetas a períodos o procedimientos especiales.
  3. El actual período constitucional concluye el 15 de agosto de 2028. El tiempo de gestión que resta es limitado.
  4. Pedimos al presidente Pedro Alliana que, desde el conocimiento que tiene de la gestión de los últimos años, evalúe con objetividad el funcionamiento y los resultados de los ministerios y demás instituciones del Ejecutivo. Como varios de los ministros actuales son identificados con la gestión del expresidente Santiago Peña, consideramos necesario realizar cambios allí donde la evaluación lo aconseje y sanear las áreas que presenten deficiencias, confiando su conducción a personas idóneas y capaces.

Esto no supone descalificar a quienes están cumpliendo bien su tarea, sino responder al reclamo ciudadano de resultados, recuperar la confianza, mejorar la imagen del país y promover el desarrollo integral de todos los paraguayos. El tiempo que resta debe dedicarse al presente y al servicio del país, sin subordinar la gestión a cálculos electorales ni a intereses partidarios.

  1. Los cargos de confianza deben recaer en hombres y mujeres idóneos, honestos y con vocación de servicio, que merezcan la confianza ciudadana. El patriotismo trasciende las afiliaciones partidarias. Por eso, invitamos al Gobierno a dialogar con la oposición y convocar, sin distinción de bancadas ni banderías, a quienes mejor puedan servir al país, respetando las atribuciones legales del Ejecutivo.
  2. La Palabra de Dios nos recuerda: «La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre» (Is 32,17).

El respeto al Estado de derecho y la justicia son indispensables para construir una convivencia segura y una patria en la que todos podamos aportar. A la luz de esta enseñanza, ponemos a consideración del Poder Ejecutivo los siguientes compromisos, concretos y verificables:

Compromisos concretos y verificables

  1. Transparentar las cuentas. Publicar periódicamente la deuda con proveedores y la nómina del Estado. Informar cuánto costará la compensación a las personas afectadas por la crisis bancaria y con qué recursos se cubrirá.
  2. Proteger el dinero público. Establecer y publicar mensualmente reglas claras sobre dónde y con qué límites se depositan los fondos del Estado y del IPS.
  3. Realizar contrataciones necesarias y transparentes. Limitar las contrataciones a las estrictamente necesarias y realizarlas mediante concursos transparentes. Aplicar precios de referencia y promover la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el IPS. Convocar a profesionales independientes e idóneos para supervisar el uso de los recursos públicos.
  4. Mantener al Estado neutral. Garantizar la neutralidad estatal en las internas de 2027 y en las elecciones de 2028, y que el Presidente se dedique exclusivamente a su gestión hasta completar el período constitucional.
  5. Evaluar permanentemente la gestión. Revisar periódicamente el funcionamiento y los resultados de las carteras del Poder Ejecutivo, y publicar las conclusiones y las medidas correctivas adoptadas.
  6. No pedimos reformas estructurales, reservadas al Gobierno que elegirá la ciudadanía en 2028. Pedimos cumplir estos compromisos con plazos claros y resultados verificables.
  7. La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados y a exigir rendición de cuentas.
  8. Que Nuestra Señora de la Asunción, Patrona del Paraguay, interceda por nuestra nación y acompañe a quienes trabajan por la justicia, la paz y el bien de todos.

 

 

Arzobispado de Asunción

13 de noviembre de 2026